La clase política

La Historia reciente "a mi aire" (III)

Si nos fijamos en el político, desde el punto de vista de su situación laboral, para encuadrarlo en la clase social a la que pertenece, nos encontramos con que, en puridad, es un asalariado y, por consiguiente, pertenece a la clase trabajadora.

En efecto, en nuestro actual sistema de partidos, un político es alguien que desempeña una función pública, bien sea por designación o por elección, o participa en los órganos de dirección de su partido. Si el cargo es institucional, percibirá una remuneración con cargo al presupuesto de la institución de que se trate; es decir, a los Presupuestos Generales del Estado, al Presupuesto de la Comunidad Autónoma correspondiente o al municipal, si la institución de que se trate pertenece a un Ayuntamiento. En definitiva, percibe un sueldo de dinero público. Si su ocupación la desempeña en el seno de su partido, la relación es privada, ya que es el partido el que le remunera por su dedicación, según lo que hayan pactado. En el primer caso, como cualquier funcionario del nivel que fuere, percibe un salario procedente de las arcas públicas; pero se diferencia del funcionario en que éste ha superado unas pruebas en las que ha demostrado el mérito y capacidad requeridos; algo por las que no ha tenido que pasar el político, sea electo o designado. Además, el funcionario permanece en su puesto de trabajo hasta su jubilación, con la posibilidad de promocionarse obteniendo ascensos y/o traslados conforme a sus cualidades profesionales. El político, en cambio, desempeña su función con carácter de interinidad. En el segundo caso, cuando el político trabaja para su partido, se asemeja al ejecutivo de una compañía de capital privado pero, en cualquiera de los casos, se trata de un asalariado y, como tal, pertenece a la clase trabajadora.

Por tanto, el político es un trabajador por cuenta ajena que percibe un salario, bien de un organismo, ente, administración o institución pública, bien del partido al que pertenece, o bien de ambos por el desempeño de un servicio público, de representación de los ciudadanos y de organización en los órganos de dirección de un partido político.

Pero esta descripción es teórica porque, en la práctica, la realidad es muy diferente:

En un sistema de partidos como el español, son las organizaciones políticas las que acumulan todo el poder. Las candidaturas para la elección de representantes en cualquiera de las instituciones del Estado (Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos y Parlamento Europeo) las elaboran, presentan y promueven los partidos. Así pues, aquella persona que tenga intención de participar en la toma de decisiones a través del entramado institucional deberá empezar por afiliarse a un partido político. Cabría pensar, en buena lógica, que si se tiene vocación de servicio público, ideas, capacidad de trabajo y una cierta preparación intelectual o técnica, el partido en cuestión habrá de ser el primer interesado en que este tipo de personas prosperen y lleguen a ocupar puestos importantes, tanto en las instituciones del Estado como en los órganos de dirección del propio partido; pero esto no es así. En los partidos no prosperan los mejores, sino los mejor relacionados con las diferentes “familias” o grupos de poder que abundan en todas las organizaciones políticas. Esta situación obliga al aspirante a político a potenciar sus relaciones con determinada “familia”, en lugar de demostrar sus cualidades personales y profesionales, y a competir con sus propios compañeros, en perjuicio del trabajo en equipo, para conseguir ser el mejor posicionado en las candidaturas, en los cargos de confianza de libre designación o en la cúpula del partido de la cuota correspondiente a la “familia política” a la cual pertenece. Esto tiene una consecuencia directa: el deterioro de la clase política en su conjunto. Dado que no suelen estar los mejores, se aprecia una lamentable mediocridad que repercute en una insuficiencia notable en las habilidades necesarias y, cada vez más, el ciudadano echa de menos un buen uso de la oratoria y la dialéctica, las capacidades de negociación y convicción, el sentido de la estética y aun la ética… en definitiva, la valía personal y profesional del político en general y la preparación, capacidad y aptitud necesarias para desempeñar con responsabilidad y eficacia el cometido que se le ha asignado. El resultado, en la mayoría de los casos, es una gestión nefasta de los recursos materiales que se les encarga administrar.

Lo peor de todo es que la capacidad y aptitud de la inmensa mayoría de nuestros políticos no se corresponde ni con la responsabilidad inherente a estos cargos, ni con la dignidad que llevan aparejada, ni con los emolumentos que perciben que, por si no fueran suficientes (hay quien dice que no lo son), se ven incrementados por una serie de privilegios y prebendas.

El salario base de un parlamentario (senador o diputado) es de 2.813,87 euros mensuales a los que habrá que añadir una serie de complementos:

Aquellos parlamentarios que ostenten un cargo perciben un complemento para gastos de representación comprendido entre los 697,65 euros mensuales que cobra un Secretario de Comisión o un Portavoz Adjunto de Comisión, hasta los 3.327,89 que percibe el Presidente del Congreso. El Presidente del Senado percibe un complemento de 4.473,64 y los portavoces, 2.667,48 euros mensuales.

Los miembros de la Mesa cobran otro complemento más por miembro de Mesa que va desde los 944,49 euros que cobran los Secretarios, hasta los 3.064,57 que percibe el Presidente del Congreso.

Existe un tercer complemento más para gastos de libre disposición que se mueve entre los 662,45 euros mensuales que perciben los Portavoces Adjuntos hasta los 2.728,57 que cobra el Presidente del Congreso.

Además, los parlamentarios pertenecientes a circunscripciones distintas a Madrid perciben una indemnización para gastos de alojamiento y manutención de 1.823,86 euros mensuales y los de Madrid, 870,56. Al tratarse de una indemnización y no de un complemento, está exenta de tributación.

El Presidente del Congreso cobra un total de
13.758,76 euros mensuales.

Es decir, que un garrulo analfabeto como Patxi López, que utiliza el presente del verbo haber o la interjección “ay” cuando a lo que quiere referirse es a un lugar y lo adecuado es utilizar el adverbio “ahí”, cobra 2.813,87 de salario base + 3.064,57 como complemento por pertenecer a la Mesa + 3.327,89 para gastos de representación + 2.728,57 para gastos de libre disposición + 1.823,86 euros de indemnización, libres de impuestos por pertenecer a una circunscripción distinta a Madrid. Esto arroja un escandaloso  total de 13.758,76 euros mensuales. Lo que no cobra un afortunado "mileurista" en todo un año.

El que menos cobra, un diputado “raso” perteneciente a la circunscripción de Madrid, percibe 3.684.43 euros mensuales. Y todavía hay quien dice que los políticos deberían cobrar más.

Por si esto fuera poco, por los desplazamientos que realicen en los viajes oficiales autorizados por la Mesa, perciben 150 euros diarios para dietas en desplazamientos al extranjero y 120 si es dentro del territorio nacional.

El Congreso cubre también los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los Diputados, así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista sin que el parlamentario tenga necesidad de justificar la necesidad de su viaje ni los motivos por los que lo realiza y sin límite alguno sobre la cantidad de viajes en un período de tiempo determinado o en cuanto al importe de los pasajes.

Algunos diputados disponen de coche oficial con chófer y para los que no disponen de él se les facilita una tarjeta personalizada para abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid con un saldo anual de 3.000 euros.

Así mismo, se les hace entrega del llamado “kit tecnológico”, compuesto por un iPad, un teléfono móvil y conexión a Internet en su domicilio.

Todos los diputados disponen de despacho propio en el Congreso.

Determinados diputados, como miembros de Mesa o Presidentes de Comisión, tienen la posibilidad de contar con personal de confianza para apoyo en sus funciones. Y, lógicamente, es aquí donde, el diputado en cuestión, coloca a sus más fieles compañeros de partido, pertenecientes a su “familia”, tanto política como genética.

Además, tienen asignados 250 asistentes para el resto de los diputados que se distribuyen según el número de diputados que haya obtenido cada Grupo Parlamentario.

Los diputados sólo necesitan ocho años de cotización para tener derecho a pensión de jubilación y los Presidentes de Gobierno cobran sueldos vitalicios además de pasar a formar parte del Consejo de Estado, de donde también perciben un sueldo.

Y no olvidemos otro privilegio más. Los diputados y senadores son aforados; lo que significa que, en caso de que tengan problemas con la Justicia, únicamente pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos Magistrados han sido designados previamente por los Grupos Parlamentarios en proporción a su representatividad. Un blindaje previo a la comisión de posibles delitos que, sin duda, se hace en prevención de lo que pudiera ocurrir en el futuro; lo que fomenta los casos de corrupción que, de forma demasiado generalizada, saltan a los medios de comunicación casi diariamente.

Por último, aquellos políticos que ostentaron cargos de relevancia, como Presidentes del Gobierno o Ministros, tuvieron la oportunidad, durante el desempeño de sus funciones, de relacionarse con personalidades de gran relevancia en el mundo de la política internacional y de las grandes corporaciones empresariales; algo que les resultará muy útil, a título personal, para hacer buenos negocios durante el resto de sus vidas.