El fraude de la Transición

La Historia reciente "a mi aire" (y V)

El Régimen franquista estaba acabado desde mucho antes de producirse lo que los más cercanos al dictador llamaban “el hecho biológico”; es decir, la muerte de Franco. España estaba aislada; no era admitida en ninguna organización internacional (salvo Naciones Unidas por intereses de EE.UU.) y los países de nuestro entorno nos miraban con recelo; pues no podían ver con agrado al único país que mantenía un régimen totalitario en Europa después de que nuestros vecinos europeos hubieran vencido al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra economía estaba maltrecha porque un sistema de gobierno pretendidamente capitalista no puede basarse en la autarquía. Nuestra divisa no era competitiva para las operaciones de comercio exterior, ya que su debilidad frente a las demás encarecía las importaciones y las únicas fuentes de ingresos de que disponíamos eran el turismo y las escasas exportaciones de algunos productos agrícolas, como cítricos o aceite de oliva, que tenían en el Mercado Común Europeo a un feroz competidor. Por tanto, el grave desfase económico venía provocado por la necesidad de importar todo tipo de tecnología que éramos incapaces de producir y ésta debía pagarse en divisa extranjera. Además, la crisis del petróleo de 1973 incidía directamente sobre la constante inflación y las continuadas devaluaciones de nuestra moneda para potenciar el turismo.

Efectivamente, todo el mundo sabía que el Régimen estaba acabado; pero a nadie se le iba a ocurrir ponerlo de manifiesto mientras el dictador estuviera vivo y, menos aún, proponer algún tipo de reforma del sistema político. No olvidemos que el 27 de septiembre de 1975 (hace sólo cuarenta años) fueron fusilados cinco presos políticos. Franco padecía la enfermedad de Parkinson, pero no le temblaba la mano a la hora de firmar penas de muerte.

A pesar de la durísima represión que se ejercía sobre cualquier forma de oposición al Régimen, existía una gran conflictividad social. Si desde el final de la Guerra Civil se había mantenido una incansable resistencia al Franquismo por parte de anarquistas y comunistas (el maquis), en los últimos años de la dictadura comenzaron a sucederse numerosas revueltas estudiantiles y huelgas, pese a que no estaban reconocidos ni amparados los derechos de huelga y manifestación. La situación de creciente crispación social era imparable y los políticos del Régimen sabían que con la muerte de Franco se acabaría el Franquismo inexorablemente. Así las cosas, había que afrontar la situación que se avecinaba y prepararse para una nueva etapa política.

El general Franco murió el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía y, como se ha dicho antes, sólo dos meses después de producirse los últimos fusilamientos de presos políticos. El Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, apareció en las pantallas de los televisores del país, con ojeras y rostro compungido, para dar la noticia pronunciando aquella célebre frase: «Españoles: Franco ha muerto». Dos días después de la muerte del dictador, el 22 de noviembre, se cumplió uno de sus mandatos “a título póstumo”: Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey de España, cumpliéndose así la designación prevista por Franco, desde 1947, para su sucesión en la Jefatura del Estado. Con razón dijo el dictador, para tranquilidad de sus más fieles seguidores y del Movimiento Nacional: «lo dejo todo atado y bien atado».

El Movimiento Nacional (o simplemente “Movimiento”) era el partido único del Franquismo. En él se aglutinaban los organismos y mecanismos del Régimen: la Falange, el Sindicato Vertical, los cargos públicos del Estado, diputaciones provinciales y municipios, ya fueran funcionarios de carrera o cargos designados por el dictador, incluidos los profesores universitarios o los miembros de las Reales Academias. Todos tenían que jurar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional.

Cuando pensamos en la “Transición” u oímos alguna referencia a ella, inmediatamente nos viene a la memoria la figura de Adolfo Suárez como el hombre que la hizo posible; pero el verdadero artífice no fue Suárez, sino Torcuato Fernández-Miranda.

Fernández-Miranda era profesor universitario y llegó a ser Rector de la Universidad de Oviedo. Este cargo llevaba implícito el de Procurador en Cortes, además de la pertenencia obligatoria al Movimiento. Fue Ministro-Secretario General del Movimiento entre 1969 y 1974 porque la Secretaría General del partido único tenía rango de ministerio. En junio de 1973 fue nombrado Vicepresidente del Gobierno de Carrero Blanco y, tras la muerte de éste, ejerció con interinidad, durante once días, la Presidencia. Pudo haber sucedido a Carrero como Presidente del Gobierno, pero su grado de independencia, al no formar parte de ninguna de las “familias” del Régimen, hizo que el dictador prefiriera a Arias Navarro, ya que era un férreo inmovilista y cercano a la familia del general golpista. Desde 1969, Fernández-Miranda fue consejero y profesor de Derecho Político del entonces Príncipe Juan Carlos; lo que hizo que éste le tuviera confianza. En diciembre de 1975, el flamante Rey lo nombró Presidente de las Cortes hasta junio de 1977; cargo que llevaba aparejado el de Presidente del Consejo del Reino.

Por su parte, Adolfo Suárez había desempeñado diferentes cargos desde 1958: Procurador en Cortes, Gobernador Civil (lo que ahora se llama Delegado del Gobierno), Director General de Radiotelevisión, Vicesecretario General del Movimiento,… pero no era conocido por los ciudadanos. En diciembre de 1975, el recién proclamado Rey, Juan Carlos I, encargó al Presidente del Gobierno, Arias Navarro, una remodelación del Consejo de Ministros bajo la supervisión de Fernández-Miranda, su hombre de confianza, quien propuso a Adolfo Suárez González como Ministro-Secretario General del Movimiento; cargo que compatibilizaría con los de Procurador en Cortes y Consejero Nacional. A Fernández-Miranda le gustaba Suárez porque tenía claros ciertos Principios Generales, como el de Libertad de Asociación; pero Suárez nunca se propuso imponer un modelo de estructura del Estado y acogió con agrado los planteamientos de Fernández-Miranda.

  

Las opciones políticas que se presentaban en aquel momento (la muerte del dictador) se podrían dividir en tres: en primer lugar, los inmovilistas o continuistas, pertenecientes a lo que se vino en llamar “el búnker”, representados por los franquistas más radicales (los ultras), eran partidarios de la continuidad del sistema totalitario: “el Franquismo bajo la Monarquía instaurada por Franco”. Dominaban el ejército, pero carecían de apoyo social. En segundo lugar, los rupturistas, liderados por el Partido Comunista, que abogaban por una transformación radical del sistema franquista en un Estado democrático. A este grupo pertenecían los partidos políticos de oposición al Régimen y fuerzas sociales progresistas, excepto el PSOE que, si bien no estaban aún plenamente legalizados, al menos estaban tolerados; pues eran necesarios para llevar a cabo la pretendida “Transición”. Al tercer grupo pertenecían los reformistas, cuyo mayor exponente era Torcuato Fernández-Miranda. Éstos se inclinaban por ir acometiendo las reformas necesarias, paso a paso, sin sobresaltos. Sobra decir que fueron los que se llevaron el gato al agua. Adolfo Suárez aprovechó su paso por la Secretaría General del Movimiento para reclutar allí a quienes pudieran compartir la idea de la formación de un partido político "de centro".

Arias Navarro, como ya se ha dicho, era excesivamente inmovilista. Llegó a declarar, en el Consejo Nacional del Movimiento, que, en realidad, el propósito de su Gobierno era la continuidad del Franquismo a través de una “democracia a la española”. Esta tendencia, siendo Presidente del Gobierno, lo convertía en un estorbo para los planes de Fernández-Miranda y de su amigo, el Borbón (o viceversa). Así pues, el Jefe del Estado a título de Rey por designación del dictador, forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio de 1976. Como a Fernández-Miranda le gustaba Suárez, se las ingenió para que el Borbón lo nombrara, el 3 de julio, Presidente del Gobierno.

En palabras del propio Fernández-Miranda, su planteamiento de reforma consistía en ir «de la ley a la ley a través de la ley». Esto significaba que, partiendo de la legalidad vigente (Leyes Fundamentales del Reino), éstas se podían transformar y sustituirse por la nueva legislación; lo que consiguió con la redacción de la Ley para la Reforma Política. La idea era el establecimiento de un sistema parlamentario en el que hubiera dos partidos políticos: uno conservador y otro liberal. El primero sería el que formaría Adolfo Suárez al efecto y el de corte liberal, el PSOE de Felipe González Márquez. Así se pergeñó el bipartidismo que ha imperado hasta la actualidad.

Para llevar a cabo los planes de Fernández-Miranda, sin rupturas, era preciso reformar las Leyes Fundamentales según sus propias previsiones y las Leyes de Reunión y Asociación que implicaban la modificación del Código Penal para despenalizar la afiliación a partidox políticox y la celebración de manifestaciones en las calles, que únicamente iban a requerir la autorización del Gobierno. Después, con la Ley para la Reforma Política, se convocaban Elecciones a Cortes constituyentes y se regulaban, tanto la composición de las Cortes como el proceso de elección.

Con la Ley de Reforma Política, Fernández-Miranda transformó la dictadura militar en una Monarquía parlamentaria bajo las siguientes premisas:

El sucesor que Franco había designado para ocupar la Jefatura del Estado tras su muerte era inamovible, indiscutible e innegociable. La proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España se produjo sólo dos días después de la muerte del dictador y con anterioridad a la asunción de las medidas de reforma; lo que lo convertía en copartícipe (por consentimiento) de la reforma. Así, la instauración de la Monarquía se consideraría como el primer paso en la adopción de las medidas que conformarían lo que sería “La Transición a la Democracia” y se estimaría como una parte sustancial de la reforma. Por consiguiente, la Monarquía se imponía de antemano como única posibilidad de sistema de gobierno sin que en las reformas que iban a acometerse a continuación hubiera lugar para plantear otras posibilidades.

Las Cortes estarían compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. La elección de los Diputados se realizaría por sufragio universal de los mayores de edad y la de los Senadores en representación de las Entidades territoriales, reservando la potestad del Monarca para la designación de la quinta parte de los Senadores.

El Gobierno, presidido por Adolfo Suárez, sería el encargado de “regular las primeras elecciones a Cortes”; pero ¡ojo! La Ley le marca al Gobierno unas “bases” que seguimos arrastrando cuarenta años después: «Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes en la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso.». Es decir, sin citarlo expresamente, se implanta el sistema D’Hondt y la consabida barrera del 3 %. Además se establece la provincia como circunscripción electoral.

La Ley para la Reforma Política es un texto muy breve: tan sólo cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Fue aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre. Fue promulgada el 4 de enero de 1977 como “Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política”. Si nos tomamos unos minutos para leerla y la comparamos con lo que se dice al respecto en la Constitución vigente llegaremos a la conclusión de que nuestra Constitución del 78, redactada y aprobada por las primeras Cortes democráticas, ya estaba esbozada por las Cortes franquistas. O lo que es lo mismo, el sistema electoral actual es preconstitucional.

El proceso que nos han vendido como “Transición a la Democracia” no ha sido tal, sino una mera transformación; una modernización del modelo franquista que ya estaba caduco a la muerte de Franco. Lo que hicieron los franquistas fue mutar hacia un sistema más acorde con nuestro entorno geopolítico, adaptándose a las necesidades mediante la adopción de unas reformas mínimas que se traducen en la sustitución, al frente de la Jefatura del Estado, de un dictador por un monarca designado por el propio dictador, la instauración de un sistema electoral que potencia el bipartidismo y permite controlar el acceso a las instituciones de grupos minoritarios y la abolición de la pena de muerte. A estas tres reformas mínimas es a lo que llamaron “Transición a la Democracia”; unas reformas que eran el mínimo exigible para que los organismos europeos admitieran a España en su seno, como miembro de pleno derecho; máxima y principal aspiración de los dirigentes políticos que participaron en las reformas, quienes arrastraban el trauma del aislamiento al que nos tenían sometidos nuestros vecinos europeos por nuestra falta de democracia.

Una verdadera “Transición”, un auténtico cambio de sistema político, se habría podido alcanzar si hubiesen triunfado los postulados de la “Junta Democrática”; un organismo creado en París, en 1974, que aglutinaba a colectivos rupturistas, como el Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo, el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, el Partido del Trabajo de España (PTE) de Eladio García Castro o el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Marcelino Camacho. Los planteamientos de la Junta Democrática eran los siguientes:

Formación de un Gobierno provisional que sustituyera al formado por franquistas.

Convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno (monárquica o republicana).

Depuración de responsabilidades de los dirigentes franquistas por la represión ejercida.

Excarcelación de los presos políticos y regreso de los exiliados.

Pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González consideraba que las exigencias del PCE “ponían en riesgo la estabilidad social y política” y, por ello, prefería la vía de la negociación con el Gobierno franquista. Además, los socialistas estaban dispuestos a renunciar a la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno (Monarquía o República) y a aceptar la Monarquía franquista si el nuevo Rey permitía la instauración de un sistema democrático en el que el Partido Socialista pudiera participar. El PSOE tampoco exigiría responsabilidades a las autoridades franquistas por la represión ejercida contra el Pueblo.

Como tantas otras veces a lo largo de nuestra Historia, a causa del PSOE se desaprovechó la oportunidad de lograr una verdadera Transición a la Democracia sin que hubieran quedado vestigios del régimen dictatorial y represivo anterior.