El fraude de la Transición

La Historia reciente "a mi aire" (y V)

El Régimen franquista estaba acabado desde mucho antes de producirse lo que los más cercanos al dictador llamaban “el hecho biológico”; es decir, la muerte de Franco. España estaba aislada; no era admitida en ninguna organización internacional (salvo Naciones Unidas por intereses de EE.UU.) y los países de nuestro entorno nos miraban con recelo; pues no podían ver con agrado al único país que mantenía un régimen totalitario en Europa después de que nuestros vecinos europeos hubieran vencido al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra economía estaba maltrecha porque un sistema de gobierno pretendidamente capitalista no puede basarse en la autarquía. Nuestra divisa no era competitiva para las operaciones de comercio exterior, ya que su debilidad frente a las demás encarecía las importaciones y las únicas fuentes de ingresos de que disponíamos eran el turismo y las escasas exportaciones de algunos productos agrícolas, como cítricos o aceite de oliva, que tenían en el Mercado Común Europeo a un feroz competidor. Por tanto, el grave desfase económico venía provocado por la necesidad de importar todo tipo de tecnología que éramos incapaces de producir y ésta debía pagarse en divisa extranjera. Además, la crisis del petróleo de 1973 incidía directamente sobre la constante inflación y las continuadas devaluaciones de nuestra moneda para potenciar el turismo.

Efectivamente, todo el mundo sabía que el Régimen estaba acabado; pero a nadie se le iba a ocurrir ponerlo de manifiesto mientras el dictador estuviera vivo y, menos aún, proponer algún tipo de reforma del sistema político. No olvidemos que el 27 de septiembre de 1975 (hace sólo cuarenta años) fueron fusilados cinco presos políticos. Franco padecía la enfermedad de Parkinson, pero no le temblaba la mano a la hora de firmar penas de muerte.

A pesar de la durísima represión que se ejercía sobre cualquier forma de oposición al Régimen, existía una gran conflictividad social. Si desde el final de la Guerra Civil se había mantenido una incansable resistencia al Franquismo por parte de anarquistas y comunistas (el maquis), en los últimos años de la dictadura comenzaron a sucederse numerosas revueltas estudiantiles y huelgas, pese a que no estaban reconocidos ni amparados los derechos de huelga y manifestación. La situación de creciente crispación social era imparable y los políticos del Régimen sabían que con la muerte de Franco se acabaría el Franquismo inexorablemente. Así las cosas, había que afrontar la situación que se avecinaba y prepararse para una nueva etapa política.

El general Franco murió el 20 de noviembre de 1975 tras una larga agonía y, como se ha dicho antes, sólo dos meses después de producirse los últimos fusilamientos de presos políticos. El Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, apareció en las pantallas de los televisores del país, con ojeras y rostro compungido, para dar la noticia pronunciando aquella célebre frase: «Españoles: Franco ha muerto». Dos días después de la muerte del dictador, el 22 de noviembre, se cumplió uno de sus mandatos “a título póstumo”: Juan Carlos de Borbón y Borbón fue proclamado Rey de España, cumpliéndose así la designación prevista por Franco, desde 1947, para su sucesión en la Jefatura del Estado. Con razón dijo el dictador, para tranquilidad de sus más fieles seguidores y del Movimiento Nacional: «lo dejo todo atado y bien atado».

El Movimiento Nacional (o simplemente “Movimiento”) era el partido único del Franquismo. En él se aglutinaban los organismos y mecanismos del Régimen: la Falange, el Sindicato Vertical, los cargos públicos del Estado, diputaciones provinciales y municipios, ya fueran funcionarios de carrera o cargos designados por el dictador, incluidos los profesores universitarios o los miembros de las Reales Academias. Todos tenían que jurar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional.

Cuando pensamos en la “Transición” u oímos alguna referencia a ella, inmediatamente nos viene a la memoria la figura de Adolfo Suárez como el hombre que la hizo posible; pero el verdadero artífice no fue Suárez, sino Torcuato Fernández-Miranda.

Fernández-Miranda era profesor universitario y llegó a ser Rector de la Universidad de Oviedo. Este cargo llevaba implícito el de Procurador en Cortes, además de la pertenencia obligatoria al Movimiento. Fue Ministro-Secretario General del Movimiento entre 1969 y 1974 porque la Secretaría General del partido único tenía rango de ministerio. En junio de 1973 fue nombrado Vicepresidente del Gobierno de Carrero Blanco y, tras la muerte de éste, ejerció con interinidad, durante once días, la Presidencia. Pudo haber sucedido a Carrero como Presidente del Gobierno, pero su grado de independencia, al no formar parte de ninguna de las “familias” del Régimen, hizo que el dictador prefiriera a Arias Navarro, ya que era un férreo inmovilista y cercano a la familia del general golpista. Desde 1969, Fernández-Miranda fue consejero y profesor de Derecho Político del entonces Príncipe Juan Carlos; lo que hizo que éste le tuviera confianza. En diciembre de 1975, el flamante Rey lo nombró Presidente de las Cortes hasta junio de 1977; cargo que llevaba aparejado el de Presidente del Consejo del Reino.

Por su parte, Adolfo Suárez había desempeñado diferentes cargos desde 1958: Procurador en Cortes, Gobernador Civil (lo que ahora se llama Delegado del Gobierno), Director General de Radiotelevisión, Vicesecretario General del Movimiento,… pero no era conocido por los ciudadanos. En diciembre de 1975, el recién proclamado Rey, Juan Carlos I, encargó al Presidente del Gobierno, Arias Navarro, una remodelación del Consejo de Ministros bajo la supervisión de Fernández-Miranda, su hombre de confianza, quien propuso a Adolfo Suárez González como Ministro-Secretario General del Movimiento; cargo que compatibilizaría con los de Procurador en Cortes y Consejero Nacional. A Fernández-Miranda le gustaba Suárez porque tenía claros ciertos Principios Generales, como el de Libertad de Asociación; pero Suárez nunca se propuso imponer un modelo de estructura del Estado y acogió con agrado los planteamientos de Fernández-Miranda.

  

Las opciones políticas que se presentaban en aquel momento (la muerte del dictador) se podrían dividir en tres: en primer lugar, los inmovilistas o continuistas, pertenecientes a lo que se vino en llamar “el búnker”, representados por los franquistas más radicales (los ultras), eran partidarios de la continuidad del sistema totalitario: “el Franquismo bajo la Monarquía instaurada por Franco”. Dominaban el ejército, pero carecían de apoyo social. En segundo lugar, los rupturistas, liderados por el Partido Comunista, que abogaban por una transformación radical del sistema franquista en un Estado democrático. A este grupo pertenecían los partidos políticos de oposición al Régimen y fuerzas sociales progresistas, excepto el PSOE que, si bien no estaban aún plenamente legalizados, al menos estaban tolerados; pues eran necesarios para llevar a cabo la pretendida “Transición”. Al tercer grupo pertenecían los reformistas, cuyo mayor exponente era Torcuato Fernández-Miranda. Éstos se inclinaban por ir acometiendo las reformas necesarias, paso a paso, sin sobresaltos. Sobra decir que fueron los que se llevaron el gato al agua. Adolfo Suárez aprovechó su paso por la Secretaría General del Movimiento para reclutar allí a quienes pudieran compartir la idea de la formación de un partido político "de centro".

Arias Navarro, como ya se ha dicho, era excesivamente inmovilista. Llegó a declarar, en el Consejo Nacional del Movimiento, que, en realidad, el propósito de su Gobierno era la continuidad del Franquismo a través de una “democracia a la española”. Esta tendencia, siendo Presidente del Gobierno, lo convertía en un estorbo para los planes de Fernández-Miranda y de su amigo, el Borbón (o viceversa). Así pues, el Jefe del Estado a título de Rey por designación del dictador, forzó la dimisión de Arias Navarro el 1 de julio de 1976. Como a Fernández-Miranda le gustaba Suárez, se las ingenió para que el Borbón lo nombrara, el 3 de julio, Presidente del Gobierno.

En palabras del propio Fernández-Miranda, su planteamiento de reforma consistía en ir «de la ley a la ley a través de la ley». Esto significaba que, partiendo de la legalidad vigente (Leyes Fundamentales del Reino), éstas se podían transformar y sustituirse por la nueva legislación; lo que consiguió con la redacción de la Ley para la Reforma Política. La idea era el establecimiento de un sistema parlamentario en el que hubiera dos partidos políticos: uno conservador y otro liberal. El primero sería el que formaría Adolfo Suárez al efecto y el de corte liberal, el PSOE de Felipe González Márquez. Así se pergeñó el bipartidismo que ha imperado hasta la actualidad.

Para llevar a cabo los planes de Fernández-Miranda, sin rupturas, era preciso reformar las Leyes Fundamentales según sus propias previsiones y las Leyes de Reunión y Asociación que implicaban la modificación del Código Penal para despenalizar la afiliación a partidox políticox y la celebración de manifestaciones en las calles, que únicamente iban a requerir la autorización del Gobierno. Después, con la Ley para la Reforma Política, se convocaban Elecciones a Cortes constituyentes y se regulaban, tanto la composición de las Cortes como el proceso de elección.

Con la Ley de Reforma Política, Fernández-Miranda transformó la dictadura militar en una Monarquía parlamentaria bajo las siguientes premisas:

El sucesor que Franco había designado para ocupar la Jefatura del Estado tras su muerte era inamovible, indiscutible e innegociable. La proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España se produjo sólo dos días después de la muerte del dictador y con anterioridad a la asunción de las medidas de reforma; lo que lo convertía en copartícipe (por consentimiento) de la reforma. Así, la instauración de la Monarquía se consideraría como el primer paso en la adopción de las medidas que conformarían lo que sería “La Transición a la Democracia” y se estimaría como una parte sustancial de la reforma. Por consiguiente, la Monarquía se imponía de antemano como única posibilidad de sistema de gobierno sin que en las reformas que iban a acometerse a continuación hubiera lugar para plantear otras posibilidades.

Las Cortes estarían compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. La elección de los Diputados se realizaría por sufragio universal de los mayores de edad y la de los Senadores en representación de las Entidades territoriales, reservando la potestad del Monarca para la designación de la quinta parte de los Senadores.

El Gobierno, presidido por Adolfo Suárez, sería el encargado de “regular las primeras elecciones a Cortes”; pero ¡ojo! La Ley le marca al Gobierno unas “bases” que seguimos arrastrando cuarenta años después: «Se aplicarán dispositivos correctores para evitar fragmentaciones inconvenientes en la Cámara, a cuyo efecto se fijarán porcentajes mínimos de sufragios para acceder al Congreso.». Es decir, sin citarlo expresamente, se implanta el sistema D’Hondt y la consabida barrera del 3 %. Además se establece la provincia como circunscripción electoral.

La Ley para la Reforma Política es un texto muy breve: tan sólo cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Fue aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre. Fue promulgada el 4 de enero de 1977 como “Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política”. Si nos tomamos unos minutos para leerla y la comparamos con lo que se dice al respecto en la Constitución vigente llegaremos a la conclusión de que nuestra Constitución del 78, redactada y aprobada por las primeras Cortes democráticas, ya estaba esbozada por las Cortes franquistas. O lo que es lo mismo, el sistema electoral actual es preconstitucional.

El proceso que nos han vendido como “Transición a la Democracia” no ha sido tal, sino una mera transformación; una modernización del modelo franquista que ya estaba caduco a la muerte de Franco. Lo que hicieron los franquistas fue mutar hacia un sistema más acorde con nuestro entorno geopolítico, adaptándose a las necesidades mediante la adopción de unas reformas mínimas que se traducen en la sustitución, al frente de la Jefatura del Estado, de un dictador por un monarca designado por el propio dictador, la instauración de un sistema electoral que potencia el bipartidismo y permite controlar el acceso a las instituciones de grupos minoritarios y la abolición de la pena de muerte. A estas tres reformas mínimas es a lo que llamaron “Transición a la Democracia”; unas reformas que eran el mínimo exigible para que los organismos europeos admitieran a España en su seno, como miembro de pleno derecho; máxima y principal aspiración de los dirigentes políticos que participaron en las reformas, quienes arrastraban el trauma del aislamiento al que nos tenían sometidos nuestros vecinos europeos por nuestra falta de democracia.

Una verdadera “Transición”, un auténtico cambio de sistema político, se habría podido alcanzar si hubiesen triunfado los postulados de la “Junta Democrática”; un organismo creado en París, en 1974, que aglutinaba a colectivos rupturistas, como el Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo, el Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván, el Partido del Trabajo de España (PTE) de Eladio García Castro o el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de Marcelino Camacho. Los planteamientos de la Junta Democrática eran los siguientes:

Formación de un Gobierno provisional que sustituyera al formado por franquistas.

Convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno (monárquica o republicana).

Depuración de responsabilidades de los dirigentes franquistas por la represión ejercida.

Excarcelación de los presos políticos y regreso de los exiliados.

Pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González consideraba que las exigencias del PCE “ponían en riesgo la estabilidad social y política” y, por ello, prefería la vía de la negociación con el Gobierno franquista. Además, los socialistas estaban dispuestos a renunciar a la convocatoria de un referéndum sobre la forma de gobierno (Monarquía o República) y a aceptar la Monarquía franquista si el nuevo Rey permitía la instauración de un sistema democrático en el que el Partido Socialista pudiera participar. El PSOE tampoco exigiría responsabilidades a las autoridades franquistas por la represión ejercida contra el Pueblo.

Como tantas otras veces a lo largo de nuestra Historia, a causa del PSOE se desaprovechó la oportunidad de lograr una verdadera Transición a la Democracia sin que hubieran quedado vestigios del régimen dictatorial y represivo anterior.

Esa patraña de las clases medias

La Historia reciente "a mi aire" (IV)

La expresión “clase media” se viene utilizando en nuestros días por los poderes serviles del Sistema capitalista y sus voceros en los medios de comunicación de masas de forma interesada, con muy poco rigor y con una perversa intencionalidad: la de confundir y dividir a la clase trabajadora.

El origen de esta expresión lo encontramos en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando la sociedad estaba dividida en estamentos muy diferenciados y rara vez coincidentes que iban desde la realeza hasta los mendigos, pasando por la aristocracia, la nobleza, los militares, los jerarcas eclesiásticos o la burguesía. Así, la clase media se encontraba por debajo de una clase alta, formada por los más ricos, y por encima de la clase baja que malvivía de su trabajo, generalmente manual, o de la mendicidad.

En un principio, la clase media estaba formada por la vieja burguesía terrateniente y la nobleza. Un período de paz relativamente largo favoreció el auge del comercio y el desarrollo de profesiones liberales; lo que permitió la aparición de un grupo social que se fue haciendo cada vez más numeroso, formado por pequeños terratenientes, comerciantes y profesionales liberales que, sin llegar a ser ricos, lograron alcanzar cierto poder adquisitivo y prestigio. A lo largo del siglo XVIII, con el avance de la industrialización, este nuevo grupo social fue creciendo y adquiriendo poder.

En el resto de Europa, la clase media surge a comienzos del siglo XIX con la Revolución Industrial. Al principio era un grupo muy reducido de personas con cierto nivel educativo que desempeñaban profesiones liberales; pero se fue ampliando gracias al proceso de industrialización y a las mejoras económicas.

Como puede verse, el uso que se hace en la actualidad de este término no tiene comparación ninguna con su significado original; pues nada tiene que ver un asalariado de nuestro tiempo con un terrateniente de otras épocas.

El concepto moderno de clase media surge en Estados Unidos a principios del siglo XX. Los nuevos sistemas de producción, como el de la factoría de automóviles Ford  (y aquí es donde está la trampa), permiten reducir los costes de fabricación y aumentar los salarios de los obreros. De esta manera, los trabajadores de la factoría se convierten en consumidores potenciales del producto que ellos mismos fabrican y, así, el empresario se asegura una demanda necesaria para abaratar el coste de producción unitario.

Los Alcántara: conocida familia de ficción, muy poco creíble, que el Sistema 
nos presenta como modelo de
"familia española de clase media"
con la perversa intención de que las familias trabajadoras
se identifiquen con ellos.

Hoy en día se habla de clase media para referirse a cualquier trabajador, asalariado o autónomo, sin necesidad de que esté en activo durante toda su vida laboral; lo que significa que un parado también está considerado como perteneciente a la clase media o un estudiante que vive a cargo de sus padres.

Con el uso generalizado del concepto de clase media se abandona definitivamente el de las expresiones clase trabajadora o clase obrera que se consideran anticuadas y tienen una connotación peyorativa. Ya nadie pertenece a la clase obrera. La clase trabajadora ya no existe porque este concepto se asocia con los mineros o jornaleros de principios del siglo XX y ningún trabajador actual quiere que se le identifique con aquellos desarrapados; aquellos parias: gente tosca y pobre que apenas ganaba para un mendrugo. Ahora, el obrero, el trabajador, se considera más refinado; tiene un coche de gama media-alta (como corresponde a su clase social) y se viste a la moda en unos grandes almacenes; dispone de tecnología punta, igual que su jefe (televisor smart-TV; iPhon, iPad,) y prefiere que, en lugar de considerarle de clase obrera o trabajadora, se le inscriba en la, mejor mirada, clase media o en alguna de sus absurdas subdivisiones; pues he llegado a oír y leer estupideces como clase media-alta, clase media-baja e, incluso, clase media-baja-trabajadora.

Lo aberrante y pernicioso del concepto de clase media es que el obrero se avergüenza de su condición y se cree algo más; algo superior a lo que realmente es.

Lo que pretende el Sistema capitalista y sus siervos es que el trabajador se considere en una posición social mejor que la que realmente le corresponde. Al pertenecer a una clase “media” se siente más cercano a los ricos; en una posición casi equidistante entre el “pobre de pedir” y el magnate que vive de sus rentas.

Esta perversión de conceptos tiene un efecto muy negativo sobre el comportamiento habitual del trabajador: al pertenecer a una clase denominada “media”, tiene la percepción de que existe otra clase "inferior"; más "baja" y que hay gente que, sin llegar a ser mendigos, tienen un nivel de vida inferior y, por tanto, debe alegrarse de su consideración social porque hay otros que lo están pasando peor. De este modo, el Sistema desune, separa, divide a la clase obrera y neutraliza a su adversario natural en la lucha de clases.

La consecuencia directa de todo ello es que el trabajador normal, que vive de una nómina o de su trabajo en su pequeño negocio, no se identifica con los problemas de los demás trabajadores u obreros. No empatiza con ellos porque sus problemas no son los mismos; porque él no pertenece a la clase trabajadora u obrera, ya que es de clase media. No apoyará las reivindicaciones obreras porque no van con él, no sentirá suyos los problemas de los demás trabajadores porque los siente alejados, “por debajo” de él y, por supuesto, en unas elecciones nunca dará su voto a partidos o agrupaciones electorales cuyas propuestas vayan en la línea de favorecer a los más necesitados, a los obreros, a los parados, a los jóvenes, a los pensionistas,… porque todos ellos pertenecen a otra clase social inferior a la suya: la clase media y, en consecuencia, sus problemas no son los mismos y votarán a partidos neoliberales, disfrazados de centristas, que son la cara amable del Capitalismo de nuestro tiempo.

Desde esta óptica y analizando con rigor la situación socioeconómica de la población, no sólo española, sino de todo el mundo occidental, tenemos que concluir afirmando con rotundidad que la clase media no existe. En nuestros tiempo sólo se dan dos tipos de agentes en el modelo productivo: los que poseen los medios de producción y el capital que genera beneficios para esos propietarios y los que trabajan para ganarse el pan de cada día: la clase capitalista y la clase obrera o trabajadora. Y no hay más. Que no nos engañen y nos manipulen: no caigamos en la trampa, en la falacia, en la patraña de considerarnos "trabajadores de clase media”.

La clase política

La Historia reciente "a mi aire" (III)

Si nos fijamos en el político, desde el punto de vista de su situación laboral, para encuadrarlo en la clase social a la que pertenece, nos encontramos con que, en puridad, es un asalariado y, por consiguiente, pertenece a la clase trabajadora.

En efecto, en nuestro actual sistema de partidos, un político es alguien que desempeña una función pública, bien sea por designación o por elección, o participa en los órganos de dirección de su partido. Si el cargo es institucional, percibirá una remuneración con cargo al presupuesto de la institución de que se trate; es decir, a los Presupuestos Generales del Estado, al Presupuesto de la Comunidad Autónoma correspondiente o al municipal, si la institución de que se trate pertenece a un Ayuntamiento. En definitiva, percibe un sueldo de dinero público. Si su ocupación la desempeña en el seno de su partido, la relación es privada, ya que es el partido el que le remunera por su dedicación, según lo que hayan pactado. En el primer caso, como cualquier funcionario del nivel que fuere, percibe un salario procedente de las arcas públicas; pero se diferencia del funcionario en que éste ha superado unas pruebas en las que ha demostrado el mérito y capacidad requeridos; algo por las que no ha tenido que pasar el político, sea electo o designado. Además, el funcionario permanece en su puesto de trabajo hasta su jubilación, con la posibilidad de promocionarse obteniendo ascensos y/o traslados conforme a sus cualidades profesionales. El político, en cambio, desempeña su función con carácter de interinidad. En el segundo caso, cuando el político trabaja para su partido, se asemeja al ejecutivo de una compañía de capital privado pero, en cualquiera de los casos, se trata de un asalariado y, como tal, pertenece a la clase trabajadora.

Por tanto, el político es un trabajador por cuenta ajena que percibe un salario, bien de un organismo, ente, administración o institución pública, bien del partido al que pertenece, o bien de ambos por el desempeño de un servicio público, de representación de los ciudadanos y de organización en los órganos de dirección de un partido político.

Pero esta descripción es teórica porque, en la práctica, la realidad es muy diferente:

En un sistema de partidos como el español, son las organizaciones políticas las que acumulan todo el poder. Las candidaturas para la elección de representantes en cualquiera de las instituciones del Estado (Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos, Ayuntamientos y Parlamento Europeo) las elaboran, presentan y promueven los partidos. Así pues, aquella persona que tenga intención de participar en la toma de decisiones a través del entramado institucional deberá empezar por afiliarse a un partido político. Cabría pensar, en buena lógica, que si se tiene vocación de servicio público, ideas, capacidad de trabajo y una cierta preparación intelectual o técnica, el partido en cuestión habrá de ser el primer interesado en que este tipo de personas prosperen y lleguen a ocupar puestos importantes, tanto en las instituciones del Estado como en los órganos de dirección del propio partido; pero esto no es así. En los partidos no prosperan los mejores, sino los mejor relacionados con las diferentes “familias” o grupos de poder que abundan en todas las organizaciones políticas. Esta situación obliga al aspirante a político a potenciar sus relaciones con determinada “familia”, en lugar de demostrar sus cualidades personales y profesionales, y a competir con sus propios compañeros, en perjuicio del trabajo en equipo, para conseguir ser el mejor posicionado en las candidaturas, en los cargos de confianza de libre designación o en la cúpula del partido de la cuota correspondiente a la “familia política” a la cual pertenece. Esto tiene una consecuencia directa: el deterioro de la clase política en su conjunto. Dado que no suelen estar los mejores, se aprecia una lamentable mediocridad que repercute en una insuficiencia notable en las habilidades necesarias y, cada vez más, el ciudadano echa de menos un buen uso de la oratoria y la dialéctica, las capacidades de negociación y convicción, el sentido de la estética y aun la ética… en definitiva, la valía personal y profesional del político en general y la preparación, capacidad y aptitud necesarias para desempeñar con responsabilidad y eficacia el cometido que se le ha asignado. El resultado, en la mayoría de los casos, es una gestión nefasta de los recursos materiales que se les encarga administrar.

Lo peor de todo es que la capacidad y aptitud de la inmensa mayoría de nuestros políticos no se corresponde ni con la responsabilidad inherente a estos cargos, ni con la dignidad que llevan aparejada, ni con los emolumentos que perciben que, por si no fueran suficientes (hay quien dice que no lo son), se ven incrementados por una serie de privilegios y prebendas.

El salario base de un parlamentario (senador o diputado) es de 2.813,87 euros mensuales a los que habrá que añadir una serie de complementos:

Aquellos parlamentarios que ostenten un cargo perciben un complemento para gastos de representación comprendido entre los 697,65 euros mensuales que cobra un Secretario de Comisión o un Portavoz Adjunto de Comisión, hasta los 3.327,89 que percibe el Presidente del Congreso. El Presidente del Senado percibe un complemento de 4.473,64 y los portavoces, 2.667,48 euros mensuales.

Los miembros de la Mesa cobran otro complemento más por miembro de Mesa que va desde los 944,49 euros que cobran los Secretarios, hasta los 3.064,57 que percibe el Presidente del Congreso.

Existe un tercer complemento más para gastos de libre disposición que se mueve entre los 662,45 euros mensuales que perciben los Portavoces Adjuntos hasta los 2.728,57 que cobra el Presidente del Congreso.

Además, los parlamentarios pertenecientes a circunscripciones distintas a Madrid perciben una indemnización para gastos de alojamiento y manutención de 1.823,86 euros mensuales y los de Madrid, 870,56. Al tratarse de una indemnización y no de un complemento, está exenta de tributación.

El Presidente del Congreso cobra un total de
13.758,76 euros mensuales.

Es decir, que un garrulo analfabeto como Patxi López, que utiliza el presente del verbo haber o la interjección “ay” cuando a lo que quiere referirse es a un lugar y lo adecuado es utilizar el adverbio “ahí”, cobra 2.813,87 de salario base + 3.064,57 como complemento por pertenecer a la Mesa + 3.327,89 para gastos de representación + 2.728,57 para gastos de libre disposición + 1.823,86 euros de indemnización, libres de impuestos por pertenecer a una circunscripción distinta a Madrid. Esto arroja un escandaloso  total de 13.758,76 euros mensuales. Lo que no cobra un afortunado "mileurista" en todo un año.

El que menos cobra, un diputado “raso” perteneciente a la circunscripción de Madrid, percibe 3.684.43 euros mensuales. Y todavía hay quien dice que los políticos deberían cobrar más.

Por si esto fuera poco, por los desplazamientos que realicen en los viajes oficiales autorizados por la Mesa, perciben 150 euros diarios para dietas en desplazamientos al extranjero y 120 si es dentro del territorio nacional.

El Congreso cubre también los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los Diputados, así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista sin que el parlamentario tenga necesidad de justificar la necesidad de su viaje ni los motivos por los que lo realiza y sin límite alguno sobre la cantidad de viajes en un período de tiempo determinado o en cuanto al importe de los pasajes.

Algunos diputados disponen de coche oficial con chófer y para los que no disponen de él se les facilita una tarjeta personalizada para abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid con un saldo anual de 3.000 euros.

Así mismo, se les hace entrega del llamado “kit tecnológico”, compuesto por un iPad, un teléfono móvil y conexión a Internet en su domicilio.

Todos los diputados disponen de despacho propio en el Congreso.

Determinados diputados, como miembros de Mesa o Presidentes de Comisión, tienen la posibilidad de contar con personal de confianza para apoyo en sus funciones. Y, lógicamente, es aquí donde, el diputado en cuestión, coloca a sus más fieles compañeros de partido, pertenecientes a su “familia”, tanto política como genética.

Además, tienen asignados 250 asistentes para el resto de los diputados que se distribuyen según el número de diputados que haya obtenido cada Grupo Parlamentario.

Los diputados sólo necesitan ocho años de cotización para tener derecho a pensión de jubilación y los Presidentes de Gobierno cobran sueldos vitalicios además de pasar a formar parte del Consejo de Estado, de donde también perciben un sueldo.

Y no olvidemos otro privilegio más. Los diputados y senadores son aforados; lo que significa que, en caso de que tengan problemas con la Justicia, únicamente pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, cuyos Magistrados han sido designados previamente por los Grupos Parlamentarios en proporción a su representatividad. Un blindaje previo a la comisión de posibles delitos que, sin duda, se hace en prevención de lo que pudiera ocurrir en el futuro; lo que fomenta los casos de corrupción que, de forma demasiado generalizada, saltan a los medios de comunicación casi diariamente.

Por último, aquellos políticos que ostentaron cargos de relevancia, como Presidentes del Gobierno o Ministros, tuvieron la oportunidad, durante el desempeño de sus funciones, de relacionarse con personalidades de gran relevancia en el mundo de la política internacional y de las grandes corporaciones empresariales; algo que les resultará muy útil, a título personal, para hacer buenos negocios durante el resto de sus vidas.